A CORUÑA | 9 DE
ABRIL DE 2013
Los cepos sentencian a
muerte a cientos de caballos salvajes. La experiencia de poco ha servido y los
ganaderos siguen recurriendo a las trancas en las patas delanteras de sus
bestias como una forma natural de mantenerlos bajo control y evitar que dañen
propiedades privadas. Solo en lo que va de año, fueron localizados más de 60
equinos con estos artilugios en los montes gallegos, en su mayoría en las
provincias de A Coruña y Pontevedra. Los últimos casos se detectaron este fin
de semana en Carnota (A Coruña) y el parque natural de Cotorredondo, en la
localidad pontevedresa de Vilaboa, según denuncian las sociedades en defensa de
los animales Libera y Fundación Franz Weber.
Arteixo, Muxía, Carnota,
Oza dos Ríos, As Pontes, Dumbría, Pobra do Caramiñal o Toques en la provincia
de A Coruña; Moaña, Baiona, Lourizán, e incluso el campus universitario de
Vigo, en Pontevedra, junto con Guitiriz, Trabada, Abadín y Pontenova, en Lugo,
y Parada do Sil, en Ourense, están en el mapa de localidades donde se han
avistado desde enero caballos con pexas -desde cepos de madera hasta grilletes
de cadena y goma- y que ayer mismo fue remitido por las organizaciones
animalistas a la Dirección Xeral de Emerxencias de la Xunta. "La gente ve
a los caballos con cepos a simple vista; los animales tienen dueño, no tienen
miedo al ser humano cuando está cerca. Hay una clara intencionalidad del
ganadero", advierte Rubén Pérez, delegado en Galicia de Libera.
En el escrito que
presentaron ayer a la Xunta, los colectivos en defensa de los animales
denuncian que se trata del mayor caso de maltrato animal de estas
características en el norte de España. En solo un mes, las organizaciones
recogieron más de 40.000 firmas en contra del uso de cepos y otros sistemas de
tortura animal, que hoy entregarán al Parlamento gallego para que los partidos
políticos apoyen iniciativas que erradiquen estas prácticas.
Pero la localización de
los propietarios de estos caballos resulta muy difícil, por no decir
prácticamente imposible. De cada cien caballos con cepos, según aseguran desde
el Seprona, solo dos están identificados. Esta situación aboca al fracaso las
denuncias de particulares y de grupos ecologistas. De hecho la picaresca entre
los ganaderos se ha intensificado. Tras las sanciones impuestas en el año 2006
-la ola de incendios de ese verano dejó al descubierto no solo la
vulnerabilidad de los montes sino el peligro que entraña la utilización de los
cepos a caballos que viven en semilibertad-, algunos propietarios dejaron de
utilizar las trancas para controlar a su ganado, aunque la mayoría lo que hizo
fue prescindir de métodos de identificación que, aunque rudimentarios, servían
a los agentes del Seprona para seguirles la pista.
La legislación gallega
considera infracción grave tanto la no identificación obligatoria de los
animales como el maltrato e incluso en determinadas circunstancias. El régimen
sancionador previsto oscila entre 3.000 euros y 1,2 millones, aunque las multas
que se llegan a imponer son pocas porque hasta 2008 este tipo de ganado ni
siquiera estaba regulado.
A finales de 2008, la
Xunta aprobó un decreto para regular el sector equino en Galicia, un documento
que por primera vez estableció como obligatoria la identificación de estos
caballos, que deberán llevar un microchip así como una marca visual o una
pulsera en las patas delanteras. Según la Ley de Sanidad Animal, los
propietarios de caballos sin identificar se enfrentan a una sanción de entre
600 y 60.000 euros.
Fuente: La
Opinión de Coruña
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