ESPAÑA | 7 DE NOVIEMBRE DE 2013
La Tauromaquia ya es, por
ley, patrimonio cultural, una vez que el Pleno del Senado ha aprobado este
miércoles por mayoría el texto tramitado desde el Congreso, cuyo origen radicó
en una iniciativa legislativa popular de la Federación de Entidades
Taurinas de Catalunya, respaldada por 600.000 firmas.
La nueva
ley taurina ha sido aprobada con 144 votos a favor, 26 en contra y 54
abstenciones, después de haber sido rechazadas las cinco propuestas de veto y
las 57 enmiendas presentadas. La ley definitiva será publicada de forma
inmediata en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para su entrada en vigor, lo
que supone un hito en la historia de la tauromaquia, que por primera vez en
cuatro siglos de existencia será regulada, fomentada y protegida por normativa
legal.
El
debate previo a la aprobación final de la ley taurina, en el que los distintos
senadores llevaron a cabo sus respectivas comparecencias para defender las
cinco propuestas de veto y las 57 enmiendas presentadas, he dejado opiniones de
todo tipo.
El
senador del PP, Sebastián Ruiz, defendió la tauromaquia como "arte
nacional y popular por excelencia, base del desarrollo de la sociedad española
con un importante impacto cultural e industrial, pues realza la economía
española a base de generar empleo y riqueza, y que es sinónimo de biodiversidad
y ecología". Para Ruiz el gobierno y las autonomías pueden establecer
"concurrencia de competencias ordenadas" para la preservación de la
cultura, que debe ser de acceso "libre" y que "jamás"
debería ser objeto de prohibición.
Censura socialista
El
senador del PSOE Jesús Martín censuró la iniciativa del gobierno
"totalmente distante a la ILP inicial", una ley
"innecesaria" en los tiempos que corren, que pretende
"posicionar a los españoles y enfrentarlos", y por lo que su grupo político
iba a mostrarse neutral basándose en el "vive y deja vivir". Todo
basado en un discurso trufado de comparaciones muy taurinas pero de un
contenido idéntico al de su homónimo socialista Enrique Abad, que dieron paso a
la segunda intervención del grupo popular, Julián Lanzarote. Lanzarote hizo una
defensa taurina basándose en la historia y en su valor cultural y económico,
configurándose en un sector de "primera magnitud", además de instar a
la "libertad y libre ejercicio" de cada uno para "dictaminar el
futuro de la Fiesta".
José
Enrique Iglesias, de IU, criticó también la "profunda transformación"
en el trámite parlamentario del texto inicial por parte del gobierno, con el
que han llevado a cabo un "fraude político y legislativo" para
convertir la tauromaquia en una figura "vacía de contenido a efectos
jurídicos". El senador de Izquierda Unida calificó la tauromaquia como
"hecho reprobable" cuyo momento estelar fue "en la época
franquista", y con la que se busca una "provocación
internacional" al tratar de llevarla a la Unesco. En un tono similar
abordó su exposición la senadora de ERC Ester Capella i Farré, quien definió la
tauromaquia como "práctica en decadencia que nos devuelve a una sociedad
salvaje y retrógrada que hace mucho daño a la marca España", señaló. Capella
i Farré añadió que con la entrada en vigor de esta nueva ley, España va a
perder reputación en Europa, "que ven la tauromaquia con los mismos ojos
con los que nosotros vemos en los informativos imágenes de lapidaciones en
África".
"Daño" a la imagen
de España
Jordi
Guillot, de ICV, compartió el mismo discurso antitaurino de crítica a una
práctica "cruel y de otra época", que nada tiene que ver con
"los valores sociales y la ética ecológica actual", que hace
"daño" a la imagen de España, y con la que el gobierno ha pretendido
iniciar "una guerra política e ideológica". José María Cazalis,
senador de PNV, basó su veto en argumentos competenciales, ya que la fiesta de
los toros, su organización, seguridad, defensa y fomento, "ya está
regulada en el País Vasco" por lo que esta propuesta de ley, "innecesaria
y sin razón de ser", supone una "clara invasión competencial"
por parte del gobierno hacia las autonomías.
Mensaje
que compartió el senador de CiU, Joan Baptista Bagué, quien, además de recalcar
que esta iniciativa surgió como respuesta a lo aprobado en el Parlament catalán
en 2010, indicó que con esta propuesta de ley "atenta" contra las
competencias de las comunidades autónomas, que tienen potestad exclusiva en
materia taurina, sin entrar en un debate mayor "de gustos o moralidades".
Carles
Martí, de Entesa, criticó la aprobación de una ley "inocua" con la
que el gobierno pretende "defenderse de cualquier forma al no haber
cumplido lo prometido": la vuelta de los toros en Catalunya. El canario
Narvay Quintero, de Coalición Canaria, defendió la postura de su grupo político
en contra de la tauromaquia, una práctica "prohibida" en su
comunidad, la cual celebró la última corrida hace "35 años", y que,
para ellos, "no es una práctica ni rentable ni cultural".
Fuente: El
Periódico.com
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