ESPAÑA
| 24 DE MAYO DE 2013
El
Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha votado hoy por mayoría a favor de
conceder un nuevo plazo a la central de Garoña para considerar la prórroga
de su vida útil, que expira el próximo 6 de julio, han confirmado a Efe fuentes
del CSN. Las consejeras del PSOE, Rosario Velasco y Cristina Narbona, han
votado en contra de la petición de Nuclenor (propietaria de Garoña), y los dos
consejeros del PP, Fernando Castelló y Fernando Martí (presidente del CSN), y
el de CiU, Antonio Gurrí, lo han hecho a favor. El representante de CiU, según
las mismas fuentes, presentará en los próximos días un escrito para explicar el
sentido de su voto.
Esta
es la cuarta vez, en menos de una semana, que se reunía el pleno del CSN para
debatir sobre esta cuestión, después de que el pasado día 17 recibiera el
encargo del Ministerio de Industria de estudiar la demanda de Nuclenor y emitir
el preceptivo informe. Dicho informe deberá estar listo antes del próximo 1 de
junio, un periodo de tiempo "excesivamente" corto para poder
realizarlo con garantías desde el punto de vista de la seguridad de la planta,
han denunciado las organizaciones ecologistas.
Con
la decisión hoy del CSN, Nuclenor tendrá un año más para estudiar si prolonga
la vida útil de la nuclear, aunque su pretensión es no producir energía durante
ese periodo y permanecer en parada fría. La orden de cierre definitivo de
Garoña fue aprobada por José Luis Rodríguez Zapatero en julio de 2009, pero el
Gobierno del PP revocó la decisión, y se mostró favorable a la prolongación de
su vida útil -fue una de sus promesas electorales-. Nuclenor se negó entonces a
solicitar la prórroga (hasta 2019) si no se le eximía de pagar las nuevas tasas
que recoge la ley de medidas fiscales para la sostenibilidad energética.
En
las últimas semanas, el ministro de Industria, José Manuel Soria, ha insistido
en que si el CSN -máximo órgano en materia de seguridad y protección
radiológica del país- era favorable a la demanda de Nuclenor, también lo sería
el Gobierno. En diciembre de 2012, Garoña se desacopló de la red eléctrica para
transferir su combustible gastado a la piscina de almacenamiento, una decisión
que adoptó -dijo- por su desacuerdo con las nuevas tasas sobre el combustible
gastado y los residuos radiactivos.
Ecologistas deploran actuación del CSN
El
portavoz de Ecologistas en Acción para temas nucleares, Francisco
Castejón, ha calificado de "inaceptables" las
condiciones en las que el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) ha informado a favor
de la petición de Nuclenor para disponer de un año más de mantenimiento ante la
posibilidad de operación de Garoña, parada desde diciembre de 2012. Castejón ha explicado a Efe que el acuerdo del
pleno del CSN ha sido pedir a los técnicos de este organismo que elaboren un
informe favorable a la petición de Nuclenor y señalen las condiciones de
seguridad que debería cumplir la planta, para lo que da un plazo de cinco días,
que es "técnicamente inadmisible".
Además, ha considerado
que adoptar un acuerdo de este calado con el voto de calidad del presidente del
CSN, ya que dos de los cinco miembros del pleno han votado en contra, hace
una "daño enorme" a la imagen del este organismo regulador,
tanto en España como en otros países, que estaban pendientes de su decisión y
de cómo se adoptaba. Aunque ha explicado que el Ministerio de Industria tiene
la capacidad para revocar total o parcialmente la orden de cierre el 6 de julio
de 2013, Castejón ha admitido que el CSN era "la última barrera"
después de que el Gobierno haya cedido a las pretensiones de las eléctricas
propietarias de Garoña. Ha asegurado que, en el caso de que finalmente Garoña
siga abierta más allá de la fecha de cierre prevista, los grupos ecologistas
estarán vigilantes para que se cumplan una serie de actuaciones que se debían
realizar en la planta nuclear antes de 2014, según las pruebas de estrés
realizadas a las centrales nucleares españolas. Ha recordado que el CSN emitió
un informe en 2009 en el que exigía a Garoña una serie de mejoras para realizar
dentro de este año, entre ellas un sistema de monitorización que exige una gran
instalación de cableado que no se ha acometido.
Rechazo del gobierno vasco
El gobierno vasco ha mostrado
su rechazo a la continuidad de Garoña porque es una central
"obsoleta" que carece de "vida útil", después de conocer la
decisión del Consejo de Seguridad Nuclear de conceder un año más de actividad a
la Central de Garoña. En un comunicado, el Ejecutivo de Iñigo Urkullu ha
mostrado su "rotunda" disconformidad con la decisión y ha reiterado
su posicionamiento favorable al cierre, al tiempo que ha reclamado medidas
compensatorias para los municipios vascos del ámbito de influencia de esta
central. En este sentido, la consejera de Desarrollo Económico y
Competitividad, Arantza Tapia, ha aludido a "motivos de obsolescencia y de
seguridad" para rechazar la continuidad de su actividad. Según ha indicado
la consejera Tapia, dado que la central de Santa María de Garoña corresponde a
la primera generación de centrales nucleares, "se trata de una central
obsoleta en su concepción en relación con los diseños actuales para este tipo
de instalaciones". Tapia ha añadido que a ello se suma "que la
central con sus 43 años de explotación ha sobrepasado el umbral de su vida útil
de funcionamiento".
Arantza Tapia ha afirmado
que, en la actualidad, existe un parque de generación eléctrica "más
moderno, seguro y competitivo", lo que supone que el funcionamiento
autorizado por el Consejo de Seguridad Nuclear en Garoña "no aporta
seguridad de suministro de electricidad ni eficiencia económica al
sistema". Por último, ha indicado que el Gobierno vasco reclamará ante el
Ministerio de Industria que los municipios vascos sean reconocidos como
"municipios de influencia de Garoña", de modo que se pongan en marcha
por parte del Estado todas las políticas de reactivación de la zona de Garoña,
"para que los efectos negativos que del cierre pudieran derivarse en la
población tuvieran una compensación también en esa misma zona geográfica".
Antinucleares regionales planifican acciones
«Garoña
ni de coña». Fue ayer el mensaje,
conciso pero contundente, que la ciudadanía vitoriana envío al Consejo de
Seguridad Nuclear (CSN), que un día antes, y tras cinco jornadas de pulso en
busca de un difícil consenso, concedía una nueva prórroga de un año a la
central burgalesa para modernizar la planta, acondicionar las instalaciones a
los requisitos necesarios e incluso volver a arrancar. La plataforma 'Araba
sin Garoña' convocó una movilización en la plaza de la Provincia que contó
con el respaldo de unas 400 personas y una nutrida representación política y
social alavesa. Todos entonaron ese eslogan para expresar su negativa no sólo a
la prórroga sino a la continuidad de la nuclear, «que no es necesaria ni para
el suministro eléctrico ni para que baje la factura de la luz. Con Garoña
funcionando, el recibo ha subido en seis años un 70%, y en el último trimestre,
con la central parada, ha bajado un 6%», detalló Alberto Frías, portavoz de
este colectivo que aglutina a 400 organizaciones sociales, sindicales y
políticas del territorio. Fue crítico con el CSN, «cuya independencia y
credibilidad quedan tocadas» porque, añadió Frías, la composición de este
órgano regulador de la energía atómica en España «es la misma que está detrás
del oligopolio eléctrico que tiene el control de la distribución de la
energía».
Con estos argumentos, el
integrante de 'Araba sin Garoña' pidió a la Fiscalía General del Estado que
abra «de oficio» un expediente por un supuesto delito de prevaricación
contra el Gobierno central porque, a su juicio, «está tomando decisiones
injustas a sabiendas de que lo son por determinados intereses». El Consejo de
Seguridad Nuclear «está jugando con el futuro, la seguridad y la vida de las
personas», sentenció Alberto Frías.
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