MÉXICO | 11 DE OCTUBRE DE 2013
Por primera vez en la
lucha que por años han mantenido las organizaciones civiles de México en
contra del maíz transgénico, el Juzgado Federal Décimo Segundo de Distrito en
Materia Civil en el Distrito Federal emitió una medida precautoria en la que
ordena a la Secretaría de Agricultura Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación
(SAGARPA) y a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT)
suspender cualquier permiso experimental y frenar el procedimiento de
liberación comercial para la siembra de este tipo de alimento en el país.
La
resolución del juez se dio como respuesta a una demanda colectiva que
interpusieron activistas como el Padre Miguel Concha, Antonio Turrent, Bernardo
Bátiz, Víctor Manuel Toledo, Raúl Hernández Garciadiego, Víctor Suárez, Adelita
San Vicente, entre otros, y además deja sin efecto 43 permisos experimentales
que se otorgaron desde 2011 en Sonora, Sinaloa, Chihuahua y Tamaulipas.
La medida precautoria se
basa en el riesgo de daño al medio ambiente, impide a empresas trasnacionales
como Monsanto y Pioneer –entre otras–, liberar maíces transgénicos en el campo
mexicano, en tanto se resuelva el juicio de acción colectiva, explicaron los
abogados de la Asociación civil “Colectivas”, dijo René Sánchez Galindo,
representante legal de los demandantes.
El abogado explicó que en el país
existen tres tipo de permisos para sembrar maíz transgénico: experimentales,
piloto y el comercial que está en proceso de liberación. Sin embargo, gracias a
la medida precautoria, las empresas que poseen los 43 permisos experimentales
en el país, deberán detener su producción.
Sánchez Galindo detalló que una de
las razones que tomó en cuenta el juez para dictar la medida, fue que se
recabaron pruebas de que en el maíz transgénico, sujeto solo a cierto número de
hectáreas restringidas, contaminó los sembradíos de otros campesinos. “El
juicio puede durar de un año a tres años, no tienen plazo el juicio, pero durante
este tiempo ya no habrá siembra de transgénicos y se detiene la autorización
para hacerlo de manera comercia. Los científicos aseguran con pruebas que es
imposible la convivencia con el maíz transgénico con el nativo”, dijo.
El
abogado indicó que de aprobarse la liberación comercial, impulsada por las
grandes empresas productoras de maíz, los campesinos mexicanos perderían la
propiedad sobre su semilla por la facilidad de contaminación por polinización.
Mercedes López, de Vía
Orgánica, dijo que 53% de la ingesta calórica y 22% de la proteínica de la
dieta nacional provienen del consumo directo del maíz como grano nixtamalizado.
“Si se permitiera la siembra indiscriminada de maíz transgénico, todas las
mexicanas y mexicanos seríamos afectados pues cada día se revelan nuevas las
investigaciones que demuestran el daño a la salud causado por los
transgénicos”, subrayó.
"La mitad del país..."
Adelita San Vicente Tello, representante del
movimiento, dijo a SinEmbargo que la resolución es una buena noticia
para México. “Estamos muy contentos, nunca el Poder Judicial había entrado al
fondo del asunto, es la primera vez que están tomando una resolución, esperamos
que se abra una etapa de debate”, dijo. San Vicente detalló que los defensores
del maíz nativo tienen conocimiento de que estaba en proceso una solicitud para
sembrar comercialmente 11 millones de hectáreas de transgénico. “Es la mitad
del país, lo que nos demuestran la magnitud de la intención de las grandes
trasnacionales como Monsanto. Hay un permiso en proceso para sembrar 250 mil
hectáreas de soya transgénica. Quieren asegurar tener ocupado todo el
territorio”, dijo la activista.
Si al final del juicio las autoridades
mexicanas deciden abrir al país a la siembra de maíz transgénico, el campesino
será uno de los más afectados, explicó. “El campesino dejaría de ser dueño de
sus semillas. Las empresas van a patentar las plantas y después habrá que
pagarles regalías, porque el polen no es estático”, agregó.
La colectividad de
demandantes también está integrada por organizaciones de productores,
indígenas, apicultores, ambientalistas como la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productos de Campo (ANEC), Fundación Semillas de Vida,
Fomento Cultural y Educativo, Fronteras Comunes, Alternativas y Procesos de
Participación Social de Tehuacán Puebla, Tosepan Titataniske y el Grupo Vicente
Guerrero.
Principio Precautorio
El Padre Miguel Concha aseveró que la resolución del juez se inscribe
en el espíritu del Principio Precautorio contenido en diversos instrumentos
internacionales en materia de derechos humanos. El sacerdote añadió que el
Estado mexicano está obligado a proteger los derechos humanos frente a
intereses económicos de grandes empresas, por lo que la orden judicial de
detener la siembra de maíz transgénico es un avance en materia de alimentación,
salud y medio ambiente.
Concha explicó que la demanda colectiva busca proteger
el derecho humano de conservar, utilizar y participar de la biodiversidad de
los maíces nativos, frente a la amenaza que representan los maíces
transgénicos. “Se trata de un derecho colectivo de la población mexicana,
derecho reconocido por la Constitución, las leyes y los tratados
internacionales”, explicó el defensor de derechos humanos.
Víctor Suárez
Carrera, Director Ejecutivo de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras de Productores del Campo (ANEC), dijo que los productores se
verán afectados frente a la monopolización de sector semillas a través de esta
tecnología. Detalló que los Científicos han demostrado que “no es posible
contener al maíz transgénico y que la acumulación progresiva e irreversible de
los paquetes transgénicos actuales y futuros, pudiera rebasar el umbral letal
de tolerancia de la planta e impedir su sobrevivencia”, afectando gravemente a
la planta y la condición única de México como centro de origen y
diversificación continua.
Fuente: Pulso
de San Luis
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