MADRID | 15 DE ABRIL DE 2008
No fue un suceso menor, como dijo la central nuclear de
Ascó I, en Tarragona. La planta, propiedad de Endesa, declaró el pasado 4 de
abril que había detectado una fuga radiactiva. Pero dijo que era
insignificante, nimia, apenas nada. El Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que
debió de ver algo extraño, pidió los informes originales sobre los que se
basaba. La documentación terminó de llegar ayer y la respuesta es contundente.
En una nota durísima, el CSN acusó a la central de "inadecuado control del
material radiactivo" y de proporcionar "información incompleta y
deficiente". El suceso fue calificado en principio como nivel 1 (en una
escala de 0 a 7) y ayer pasó a nivel 2, lo que lo convierte en uno de los
cuatro incidentes más graves en la historia nuclear española y da la razón a
Greenpeace, que desde el principio alertó del suceso. El último caso fue el de
Vandellòs II en 2005, también por ocultar al CSN la corrosión de una tubería.
Entonces estuvo seis meses parada.
El subdirector de Protección Radiológica del Consejo,
Manuel Rodríguez, explicó a este diario: "Nos sentimos decepcionados.
Hemos dado información inadecuada porque nos basábamos en información
incorrecta". Rodríguez señaló que "el valor de la actividad estimada
en el exterior de la central es 100 veces superior a lo que la central declaró
hace una semana". Y lo más grave: "Que lo sabían ya entonces". Y
lo sabían cuando dos días después, el CSN y representantes de la planta se
reunieron con los alcaldes de la zona para informar al público. Según
Rodríguez, el suceso no ha supuesto riesgo para el medio ambiente y "si
una persona hubiese ingerido la partícula con mayor actividad" habría
recibido 0,8 miliSievert, el 80% del máximo permitido para un año.
El incidente se produjo el 26 de noviembre, durante la
parada de recarga. En esa operación, se transportan las barras de combustible
nuclear a través de unos tubos. El tubo se lava con agua a presión y luego se
seca mediante unas bombas. Pero siempre quedan charcos -como los que permanecen
al vaciar una piscina- de los que los operarios sacan el agua con unas
aspiradoras manuales (llamadas chupacharcos). Ese agua es la que acumula más
material radiactivo y acabó en un bidón de 50 litros. Un operario lo tiró en la
piscina de combustible. Es gesto ya de por sí era chapucero, porque según el
Consejo hay que tratarlo como un residuo radiactivo. Además, junto a la zona de
vertido estaba en marcha un potente sistema de ventilación que absorbió parte
de las partículas radiactivas y las lanzó al exterior a través de una chimenea.
El resultado es que salieron unas 150 partículas de cobalto, manganeso,
zirconio y molibdeno, entre otros isótopos radiactivos. El 95% se quedó en un
radio de 50 metros, lo que significa que la mayor parte se quedó en los tejados
de los edificios de la central, no llegó al exterior.
El CSN admite que no fue una negligencia que el detector
de radiación de la chimenea no lo advirtira, porque eran partículas muy
pequeñas y viajaban de forma dispersa. La central detectó la contaminación por
primera vez el 14 de marzo y no informó. Informó al Consejo el 4 de abril, pero
entonces dijo que habían salido 235.000 becquerelios, mientras que su informe
final concluye que la cantidad es de 19,5 millones de becquerelios. La fuga la
dio a conocer Greenpeace y, cuando el 7 de abril, el CSN reunió a los 13
alcaldes de la zona para informarles, la central tampoco dijo lo que realmente
había pasado. Ayer reiteró "la baja significación radiológica" de la
fuga, pero no opinó sobre la nota del CSN.
Para descartar que nadie haya recibido más radiación de
la permitida, el CSN examinará a más 700 personas que hayan entrado en la
central en este periodo. Son en su mayoría trabajadores con licencia nuclear,
pero también personal auxiliar, como jardineros o quienes hayan llevado algún
suministro. Asimismo, el CSN exigió a la Asociación Nuclear Ascó-Vandellòs, la
empresa que gestiona las nucleares catalanas, que "depure
responsabilidades".
Greenpeace -que fue la primera en informar de la fuga,
antes que el CSN- pidió ayer que se paralice la central y se suspenda la
licencia de actividad de los titulares de la central. En el mismo sentido se
expresó el diputado de ICV Joan Herrera, que pidió la comparecencia del
ministro de Industria, Miguel Sebastián.
Fuente: El
País
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