Por: Ignacio J. Miñambres
TAIWAN | 13 DE MARZO DE 2014
El 11 de marzo se
cumplieron tres años desde que el reactor Daiichi de la central nuclear de
Fukushima se fundiera y revelara al mundo la negligencia con la que la
eléctrica Tokio Electric Power Company (TEPCO) venía manejando la seguridad de
las plantas bajo su gestión.
Desde el verano de 2013, se han sucedido de forma
regular las noticias de fallos en la refrigeración y fugas de agua radiactiva,
tanto de los tanques de almacenamiento construidos en la central como del
reactor número 3, que podría estar más dañado de lo esperado, según un informe
de enero.
El último escape, de cien toneladas de agua altamente contaminada, ha
tenido lugar tres semanas antes del aniversario. Mientras tanto, la Autoridad
de Regulación Nuclear (ARN) ha reprendido en diversas ocasiones a Tepco por su
deficiente modo de actuación en el desmantelamiento de los reactores de
Fukushima Daiichi. La compañía no sólo se está mostrando técnicamente incapaz
de garantizar la segura neutralización de los reactores dañados, sino que sus
prácticas están siendo éticamente muy cuestionables.
La reciente novela
Genpatsu White-out, escrita bajo seudónimo por alguien conocedor de los
entresijos de la relación entre el poder político y la industria nuclear, ha
expuesto los lazos financieros que nutren a la llamada “aldea nuclear”, que
engloba a políticos, burócratas y académicos.
Mafia y descontaminación
Diversos arrestos
policiales a finales de 2013 sacaron a la luz una trama de al menos 733
empresas intermediarias, relacionadas en muchos casos con la yakuza (mafia
japonesa), que reclutaban ilegalmente a indigentes y ‘sin techo’ por todo Japón
para realizar labores de descontaminación en zonas altamente radiactivas.
Las
múltiples capas de empresas y subcontratas, a menudo entidades fantasma,
pagaban el salario mínimo, o incluso menos, por estas labores con dinero
procedente de los fondos públicos destinados a la recuperación de la zona de
exclusión. Tras descontárseles costes de manutención, algunos de estos
trabajadores volvían de su periplo endeudados con las mafias que les habían
enviado a Fukushima.
Los antiguos residentes de la zona afrontan, a su vez, un
futuro incierto. Sin posibilidad de volver a sus hogares, algunos han sido
reubicados hasta siete veces por cambios en los planes de relocalización, y muchos
sufren serios deterioros mentales y de salud. Sólo en la prefectura de
Fukushima se están dando unas 30 muertes mensuales que el Gobierno reconoce
como causadas indirectamente por los sucesos del 11 de marzo de 2011.
El
Ejecutivo sigue por ahora con planes para descontaminar la zona y permitir el
regreso de los ciudadanos, pero en noviembre pasado Shigeru Inhiba, secretario
general del gobernante Partido Democrático Liberal, admitió que
inevitablemente habrá zonas a las que resultará imposible regresar. La justicia
tampoco ha dado grandes alegrías a las víctimas de la catástrofe nuclear. En
marzo la Fiscalía japonesa ha decidido retirar los cargos que había presentado
contra TEPCO, desoyendo la denuncia presentada por más de 15.000 habitantes de
la zona e incluso un informe de la comisión de investigación independiente
creada por el Gobierno, que en julio de 2012 afirmó que el desastre había sido
“provocado por el hombre” y por las malas prácticas de las corporaciones
japonesas.
En otro caso, aún pendiente,
unas 1.400 personas han presentado una demanda contra las constructoras de la
central (Toshiba, General Electrics e Hitachi) por no realizar las mejoras de
seguridad requeridas en Fukushima. Los denunciantes sólo solicitan una
compensación de 100 yenes (0,70 euros) cada persona y han presentado el caso
como una denuncia contra la normativa que proporciona a las constructoras
inmunidad en caso de accidente nuclear.
Hoy todas las centrales japonesas
permanecen apagadas, lo cual no puede sino interpretarse como una victoria de
las intensas movilizaciones ciudadanas que han tenido lugar durante estos tres
años. Aun así, los intentos del Gobierno y las eléctricas de reiniciar los
reactores son insistentes. En un artículo en el diario Nikkei, el sismólogo
Robert J. Geller, de la Universidad de Tokio, ha revelado que TEPCO se ha
negado a proporcionar libre acceso a expertos independientes a sus plantas para
inspeccionarlas.
A pesar de ello, el Gobierno publicó en febrero un plan
energético de largo plazo que incluye la reactivación de centrales y contradice
los compromisos de gobiernos anteriores de eliminar la energía nuclear. Así
mismo, el ministro de Industria conminó a primeros de marzo a la ARN a
acelerar la aprobación de las evaluaciones de seguridad previas a la
reactivación de las plantas.
Todos estos intentos siguen siendo recibidos con
protestas en Tokio, en un momento en que el hastío de la población con sus
clases dirigentes está alcanzando cotas nunca vistas. Así, en las elecciones de
enero para elegir al gobernador de Tokio, la participación no llegó al 35%.
