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| Imagen tomada del sitio: Biodiversidadla.org |
COSTA RICA | 16 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Mientras aún resuena
el triunfo de la derogación de la Ley de Semillas (conocida como Ley Monsanto)
en Guatemala, Costa Rica sumó un nuevo triunfo en Nuestra América. La Sala
Constitucional declaró como inconstitucional un artículo de la norma que regula
la cesión de autorizaciones para desarrollar transgénicos en el país, y
suspendió la posibilidad de liberar los Organismos Genéticamente Modificados
(OGM). La medida no es definitiva –advierten las organizaciones ambientales-,
pero sentó un nuevo antecedente en el continente contra las normas que avalan
con discrecionalidad el avance de los negocios de las multinacionales como
Monsanto.
La Acción de
Inconstitucionalidad aprobada días atrás por la Sala de Constitucionalidad de
Costa Rica, determinó que el Reglamento de Protección Fitosanitaria (RPF)
vigente “vulnera derechos fundamentales de toda la población”. El
artículo 132 de la RPF establecía que “Toda la información técnica y
científica que aporten las personas físicas y jurídicas para los respectivos
registros tendrá carácter confidencial”. A partir de esa norma, la
multinacional Monsanto se encontraba tramitando una habilitación para liberar
semillas transgénicas de maíz, cuyo expediente había sido declarado por el
Estado como confidencial.
Tras el fallo, las
autorizaciones que se encuentran en trámite deberán ser suspendidas hasta
adaptarse a las nuevas disposiciones. Los alcances de esta sentencia no
detienen, de manera definitiva, las posibilidades de liberar transgénicos en el
país. Sin embargo, resulta un antecedente importante para demostrar que los
intereses de las empresas vinculadas a esta actividad –entre ellas la
transnacional Monsanto que tramitaba permiso para sembrar maíz – han sido
beneficiados con el otorgamiento de permisos en contra de los derechos
fundamentales de toda la población”, sostuvo en un comunicado la Federación
Ecologista de Costa Rica que motorizó el pedido de inconstitucionalidad.
El recurso de
anticonstitucionalidad había sido presentado en el 2012, luego de que la
Comisión Técnica Nacional de Bioseguridad (CNTBio) entregase un permiso para
sembrar maíz transgénico a la empresa D&PL Semillas Ltda., subsidiaria de
Delta & Pine, de Monsanto – precisó la Regional Latinoamericana de de la
Unión Internacional de Trabajadores de la Alimentación-. De acuerdo a la denuncia,
tampoco se obligaba a la realización de un Estudio de Impacto Ambiental.
Otros reveses judiciales anteriores
El avance de las
corporaciones vinculadas al negocio de las semillas y OGM tiene como principal
aliado en el continente la denominada Ley de Protección de Obtenciones
Vegetales que promueven la privatización de semillas. La primera semana de
septiembre, Guatemala asestó un fuerte golpe: el Poder Legislativo eliminó la
Ley de Semillas que había sido aprobada en junio pasado. La decisión fue el
resultado de una triunfante campaña de organizaciones populares en contra de la
norma denominada “Ley Monsanto” que había sido impuesta como requisito del TLC
firmado con EEUU en el 2005.
En un escenario
similar, aunque de menor alcance, en México un juzgado anuló la autorización a
Monsanto para sembrar soja transgénica en Yucatán y ordenó que se realice una
consulta popular antes de que el Estado expida otro permiso. El fallo fue en
respuesta a diversas demandas presentadas por agricultores mayas, y dictaminó
que la liberación de la región para la producción de las semillas genéticamente
modificadas (OMG) de la multinacional, ponía en riesgo la economía y ambiente
de la península del país americano.
El freno judicial fue
en respuesta a un amparo presentado frente a la habilitación que recibió la
multinacional en el 2012 para sembrar 253.500 hectáreas de soja transgénica en
siete estados. El fallo también obligó a la Secretaría de Agricultura a que
efectúe consultas populares previas a otorgar nuevas autorizaciones en los
municipios indígenas de Yucatán. Ello sienta un antecedente: se reconoce el
legítimo derecho de las comunidades campesinas e indígenas a decidir sobre su
territorio y su producción –contemplado en la Ley de Biodiversidad-.Monsanto
controla el 60 por ciento del mercado mundial de semillas y el 76 por ciento de
agroquímicos, junto a otras multinacionales como Syngenta, DuPont-Pioneer,
Bayer, Basf y DowAgro Sciencis.
Fuente: RevistaPADP
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