jueves, 13 de junio de 2013

Greenpeace denuncia la situación incierta de la central de Garoña


ESPAÑA | 12 DE JUNIO DE 2013
La organización ecologista Greenpeace denunció ayer que la central nuclear de Santa María de Garoña incumple el proceso de las pruebas de resistencia y, en particular, los planes de acción nacional y su aplicación. El grupo ecologista expondrá hoy esta situación con detalle en la II Conferencia Europea de Seguridad Nuclear, que se celebrará en Bruselas, organizada por el Grupo de Reguladores de Seguridad Nuclear Europea (ENSREG).
En concreto, la citada organización aseguró que la planta atómica del Valle de Tobalina -a escasos 50 kilómetros de la capital alavesa- no ha incorporado todavía las Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC) emanadas de las Pruebas de Resistencia tras el accidente de Fukushima en marzo de 2011. Tampoco estaría implementando el Plan de Acción Nacional remitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la Comisión Europea en diciembre de 2012.
Para el grupo ecologista, este incumplimiento se debería a que Garoña está en un proceso de declaración de cese definitivo de explotación. Sin embargo, Greenpeace consideró que este proceso está siendo "perturbado reiteradamente" por el Gobierno de España, y apoyado por el Consejo de Seguridad Nuclear, lo que genera una "indefinición jurídica y normativa" que avala tanto el incumplimiento de las pruebas de resistencia en caso de cierre, como en caso de reapertura.
Por esta razón, la portavoz de Greenpeace en asuntos nucleares, Raquel Montón, exigió que se cierre de manera "definitiva e irreversible" la planta y consideró que, de no ser así, se estará dando una "coartada a la inseguridad nuclear". En este sentido, recordó que el reactor de Garoña es igual que el de Fukushima y el accidente en Japón fue "consecuencia de la complicidad entre el Gobierno, el regulador y el operador, exactamente lo mismo que está sucediendo en España".
Maniobras del gobierno
Sea como fuere, lo cierto es que la actualidad de la central nuclear no hace más que recopilar titulares durante las últimas semanas, periodo en el que las presiones del Ejecutivo central, sustentado por el Partido Popular, han logrado que la central continúe abierta al menos durante un año más -aunque en situación de parada-. 
El informe favorable a la continuidad fue posible en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) con los votos de los dos representantes del PP en el citado foro, Fernando Castelló y Fernando Martí, y el de CiU, Antonio Gurguí. En contra se posicionaron las representantes socialistas Rosario Velasco y Cristina Narbona. Ésta llegó a explicar que "es totalmente inédita una presión en términos de plazos para algo que debe hacerse en términos de garantías". También acusó al Ministerio de Industria de instrumentalizar al Consejo de Seguridad Nuclear "en función de una negociación que está haciendo con el sector".
Con la polémica decisión, un secreto a voces desde hacía tiempo en diversos foros vinculados al sector energético, el CSN dio respuesta a la solicitud del Ministerio de Industria, que el pasado 16 de mayo le pidió un informe para conocer su valoración, antes del 1 de junio, sobre la petición de Nuclenor de revocar parcialmente la orden ministerial de 29 de junio de 2012 que fijaba el cierre definitivo de la central. A partir de ahora, la compañía dispondrá de doce meses para decidir si prolonga su vida nuclear durante varios años más, tal y como han manifestado sus directivos en reiteradas ocasiones. En el ala más ecologista, en cambio, existe el "fundado temor" a que el lobby nuclear influya en la redacción de la nueva ley energética que prepara el Gobierno y que podría ejecutarse ad hoc de los intereses económicos de compañías influyentes.

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