ESPAÑA | 12 DE JUNIO DE 2013
La organización
ecologista Greenpeace denunció ayer que la central nuclear de Santa María de
Garoña incumple el proceso de las pruebas de resistencia y, en particular, los
planes de acción nacional y su aplicación. El grupo ecologista expondrá hoy
esta situación con detalle en la II Conferencia Europea de Seguridad Nuclear,
que se celebrará en Bruselas, organizada por el Grupo de Reguladores de
Seguridad Nuclear Europea (ENSREG).
En concreto, la citada
organización aseguró que la planta atómica del Valle de Tobalina -a escasos 50
kilómetros de la capital alavesa- no ha incorporado todavía las Instrucciones
Técnicas Complementarias (ITC) emanadas de las Pruebas de Resistencia tras el
accidente de Fukushima en marzo de 2011. Tampoco estaría implementando el Plan
de Acción Nacional remitido por el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) a la
Comisión Europea en diciembre de 2012.
Para el grupo ecologista,
este incumplimiento se debería a que Garoña está en un proceso de declaración
de cese definitivo de explotación. Sin embargo, Greenpeace consideró que este
proceso está siendo "perturbado reiteradamente" por el Gobierno de
España, y apoyado por el Consejo de Seguridad Nuclear, lo que genera una "indefinición
jurídica y normativa" que avala tanto el incumplimiento de las pruebas
de resistencia en caso de cierre, como en caso de reapertura.
Por esta razón, la
portavoz de Greenpeace en asuntos nucleares, Raquel Montón, exigió que se
cierre de manera "definitiva e irreversible" la planta y consideró
que, de no ser así, se estará dando una "coartada a la inseguridad
nuclear". En este sentido, recordó que el reactor de Garoña es igual
que el de Fukushima y el accidente en Japón fue "consecuencia de la
complicidad entre el Gobierno, el regulador y el operador, exactamente lo mismo
que está sucediendo en España".
Maniobras del gobierno
Sea como fuere, lo cierto
es que la actualidad de la central nuclear no hace más que recopilar titulares
durante las últimas semanas, periodo en el que las presiones del Ejecutivo
central, sustentado por el Partido Popular, han logrado que la central continúe
abierta al menos durante un año más -aunque en situación de parada-.
El informe
favorable a la continuidad fue posible en el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN)
con los votos de los dos representantes del PP en el citado foro, Fernando
Castelló y Fernando Martí, y el de CiU, Antonio Gurguí. En contra se
posicionaron las representantes socialistas Rosario Velasco y Cristina Narbona.
Ésta llegó a explicar que "es totalmente inédita una presión en términos
de plazos para algo que debe hacerse en términos de garantías". También
acusó al Ministerio de Industria de instrumentalizar al Consejo de Seguridad
Nuclear "en función de una negociación que está haciendo con el
sector".
Con la polémica decisión,
un secreto a voces desde hacía tiempo en diversos foros vinculados al sector
energético, el CSN dio respuesta a la solicitud del Ministerio de Industria,
que el pasado 16 de mayo le pidió un informe para conocer su valoración, antes
del 1 de junio, sobre la petición de Nuclenor de revocar parcialmente la orden
ministerial de 29 de junio de 2012 que fijaba el cierre definitivo de la
central. A partir de ahora, la compañía dispondrá de doce meses para decidir si
prolonga su vida nuclear durante varios años más, tal y como han manifestado
sus directivos en reiteradas ocasiones. En el ala más ecologista, en cambio,
existe el "fundado temor" a que el lobby nuclear influya en la
redacción de la nueva ley energética que prepara el Gobierno y que podría
ejecutarse ad hoc de los intereses económicos de compañías
influyentes.
Fuente: Noticias
de Alava
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