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Animal.org
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MADRID | 23 DE ENERO DE 2013
Varias decenas de voluntarios y activistas de la ONG
La Voz Animal cumplen este miércoles
10 días de encierro en la perrera de Parla en protesta por la decisión del
ayuntamiento de esta localidad de conceder el servicio de protección de
animales abandonados a Athisa Residuos
Biosanitarios, una empresa especializada en desratizaciones, y por
considerar que este proceso ha estado repleto de irregularidades.
La Voz Animal aseguró, a través de un comunicado, que la Ley de Protección de los
Animales Domésticos, de la Comunidad de Madrid, permite el sacrificio de perros
y gatos sin hogar a partir del décimo día de su llegada a un centro de
recogida. En este sentido, la portavoz de La Voz Animal, Beatriz Menchén,
subrayó que “si los voluntarios y activistas de la asociación fuéramos perros o
gatos, el alcalde de Parla podría sacrificarnos porque ya llevamos 10 días en
el Centro de Protección Animal”. Menchén destacó que el encierro seguirá de
forma indefinida “hasta que consigamos que el ayuntamiento adjudique el
servicio de protección animal a una asociación protectora de animales y no a
una empresa desratizadora”
“Estamos hartos de que el Ayuntamiento de Parla
mienta a los ciudadanos y a las protectoras garantizando que la empresa
desratizadora va a hacer protección animal y no va a sacrificar animales. Eso
es tarea imposible porque una desratizadora sólo entiende de control de
plagas y su política siempre es pro-muerte. Las personas coherentes sabemos
que no se puede pedir peras al olmo porque, por mucho que lo garantice el
ayuntamiento, el olmo nunca dará peras”, explicó.
Mechén indicó que La Voz Animal, que ha colaborado en la gestión de la perrera de
Parla en los últimos 14 años con una política de "sacrificio cero" de
animales abandonados, “cuenta con un equipo de abogados especializados en
legislación animal. No dudaremos en actuar por todas las vías legales contra
todos aquellos que perjudiquen a los animales y para impedir que el Centro de
Protección Animal de Parla sea gestionado por una empresa desratizadora". Por
último, reclamó una ley de protección animal nacional que prohíba "de una
vez por todas" sacrificar animales en las perreras y que éstas sean
gestionadas por empresas desratizadoras. “Es la única manera de acabar con los
campos de concentración y de exterminio de animales, que es en lo que se han
convertido las perreras municipales de este país”, concluyó.
Fuente:
Diario
Siglo XXI
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