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Imagen de la Sociedad Protectora de Animales de Quintana Roo
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QUINTANA ROO • 14 DE DICIEMBRE DE 2010
Cada semana, la perrera municipal de Playa del
Carmen, Quintana Roo, sacrifica en promedio y bajo condiciones ilegales 90
perros callejeros utilizando pistoletes de perno cautivo ideal para matar
reses. Mientras el ganado, que pesa más de 400 kilos es desnucado de manera
indolora con este procedimiento, a un can literalmente lo atraviesa de manera
brutal la lanceta de acero que sale del pistolete dañando, arterias y pulmones.
Sin dar muerte al instante, muchos de los sabuesos pierden la vida desangrados.
Antes de morir los animales son hacinados en celdas reducidas, entre una nata
de sangre, excremento y orines. Y así pasan desde una semana hasta diez días,
en espera de su turno final, perros sanos que conviven con heridos o
agonizantes.
Playa del Carmen, cabecera del municipio
Solidaridad, es el segundo más importante de Quintana Roo. La población rebasa
los 70 mil habitantes en contraste con los 50 mil perros que vagan por las
calles. De acuerdo con autoridades sanitarias del municipio, la mayoría de
estos animales están enfermos de moquillo, variante del sarampión humano;
erlinquia, provocada por picadura de garrapata que genera alteraciones
nerviosas; parvovirus, que ataca al corazón y el aparato digestivo, y sarna
sarcótica, causada por ácaros; todas se transmiten a humanos por fecalismo,
aunque la rabia está erradicada.
La organización Amigos de los Perros, cuyo apoyo
activo proviene de Canadá, Argentina e Italia, expresa: “Estamos conscientes de
que los perros callejeros son una plaga, no nos oponemos a que los exterminen,
pero pedimos que lo hagan con dignidad, con respeto a la propia ley. “En lugar
de combatir el problema de manera racional, la perrera se limita a recogerlos y
hacinarlos en 24 jaulas, apenas reciben alimentos, sin agua corriente, unos
llegan heridos y no son atendidos; el hambre desata peleas internas en las que
los grandes matan a los más pequeños; muchos mueren ahí.” Con calores de más de
40 grados, en medio de humores nauseabundos, los canes comienzan a morir
lentamente, sufren los malos olores y el olfato, su sentido más sensible,
termina por atrofiarse.
La
ley, letra muerta
Desde marzo, Quintana Roo cuenta con una de las
mejores leyes de protección a la vida animal del país. En el artículo 5 señala:
“Es obligatorio proteger a los animales, garantizarles bienestar, atención,
asistencia, auxilio, buen trato, velar por su desarrollo natural, salud y
evitarles maltrato, crueldad, sufrimiento y zoofilia”. De acuerdo con esta
norma, a perros que por necesidad sean sacrificados, se les debe aplicar una
inyección letal, un anestésico llamado Doletal. Por falta de presupuesto no se
compra, alega el doctor Arturo Alfaro, director de Salud Pública.
El director del Centro de Acopio Canino y Felino,
nombre oficial de la perrera, Carlos Medina —quien según Amigos de los Perros
se ostenta como médico con un certificado apócrifo—, asegura que “aquí es
perrera, no albergue” y disfruta su habilidad con el pistolete. Para el grupo,
el problema no sólo radica en el escaso presupuesto, sino también en la falta de
profesionalismo de encargados y la corrupción. “Existen pruebas de que Medina
lucra con especies valiosas y chantajea a niños y a padres de familias con
dinero cuando reclaman sus mascotas”. Muertos, los animales deben ser cremados,
pero el horno reboza de bolsas con perros en descomposición, hirvientes de
gusanos, “porque tampoco hay dinero para comprar gas”, asegura el responsable.
Fuente: Diario Milenio
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